La Justicia contra la prepotencia

Ni que decir tiene que los momentos políticos que estamos viviendo desde ayer por la mañana en Gáldar son absolutamente excepcionales y, si se me permite, diré incluso que surrealistas. Sí, en todos los ámbitos. Ayer por la mañana pudimos ver al alcalde celebrando la victoria ante la administración: la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias admitía parcialmente el recurso de alzada presentado por el grupo de gobierno contra la resolución anterior de la Dirección General de Trabajo, y conseguía así sacar adelante un ERE algo más recortado, sin las 37 extinciones de contrato que proponía el alcalde y con suspensiones durante menos tiempo.

Sin embargo, la misma tarde nos daba un giro radical a la situación. Un comunicado de UGT daba la buena noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificaba, tan sólo horas más tarde que la Consejería, que un auto con fecha de 29 de diciembre suspendía cautelarmente y de forma inmediata el Plan de Empleo en el que se basaba dicho ERE, por dos motivos principales: por la falta de negociación con los sindicatos y porque, de llevarse a cabo los despidos, supondría un grave perjuicio difícil de reparar. Ahora queda el estudio pormenorizado y a fondo de la propuesta del grupo de gobierno que, como han denunciado los sindicatos en numerosas ocasiones y hemos recogido también en esta página, contiene irregularidades desde el principio hasta el final, empezando por los criterios, o mejor dicho, la falta de criterios de ningún tipo, utilizados en la elaboración de la lista del personal afectado, produciéndose agravios comparativos significativos entre los trabajadores municipales incluídos y excluídos del ERE.

Pero no. No se crean ustedes que un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tribunal de más alta instancia de toda la Comunidad Autónoma de Canarias, iba a servir para que Teodoro Sosa, por una vez en su vida, hiciera caso a la Justicia y a la Ley. Y así fue. A primera hora de este miércoles empezaban los rumores de que, a pesar de la notificación del auto dictado desde diciembre del ya pasado año, el alcalde estaba ya firmando las cartas de despido y de suspensión que pocas horas después fueron notificadas a los trabajadores. Pero, ¿qué está pasando? ¿cómo es posible que un alcalde se salte un auto judicial y ejecute un Plan de Empleo paralizado judicialmente? Pues muy sencillo. Sólo hay que ir al titular de este artículo: estamos asistiendo al enésimo duelo entre la prepotencia del alcalde y la superioridad de la Ley, el imperio de la Ley, ese principio básico de todo Estado de Derecho que recoge la Constitución que el alcalde prometió cumplir, ya por dos veces, en las dos sesiones en las que ha tomado posesión de su cargo. Con una salvedad: este es el enésimo duelo, sí, pero por primera vez, también el más grave y el que, a buen seguro, más graves consecuencias va a traer para el alcalde y, esperemos que no, pero probablemente también para el Ayuntamiento.

Y aquí estamos. Esto es Gáldar. Este mismo lunes estarán en el paro todos esos trabajadores si la Justicia no actúa antes contra la prepotencia de este alcalde y manda parar esto de una vez por todas, con la Ley en la mano. Se hace absolutamente necesario. Ya los sindicatos lo han solicitado y cabe esperar sólo tiempo.

Tengan ustedes claro que este Expediente de Regulación de Empleo no es culpa de ningún trabajador ni de ningún ciudadano. El único culpable directo de este despropósito por el que de nuevo hoy somos noticia en todo el país no tiene otro nombre que Teodoro Claret Sosa Monzón, y si hay que extender la culpa a alguien más, no será a otros que a Encarnación Ruiz Alonso, Agustín Martín Ojeda, Juan Vicente Aguiar Moreno, Evelio Pérez Jiménez, Eva Patricia Martínez Fajardo, Rita María Mendoza Medina, Heriberto José Reyes Sánchez, Ana Teresa Mendoza Jiménez, Carlos Matías Ruiz Moreno, María del Carmen Mendoza Ramos y José Mendoza Mendoza. 12 nombres y 24 apellidos. Ni uno más, ni uno menos. Ellos fueron los que alzando su mano aprobaron en pleno este Plan de Empleo anulado ahora judicialmente, y ellos son los que con sus manos alzadas, convirtieron en alcaldesa a la prepotencia de Teodoro Sosa Monzón.

Que tengan cuidado. Sólo eso me cabe decir a los que crean que la situación es normal. Porque en Gáldar y en este Ayuntamiento nos estamos alejando peligrosamente de la normalidad, de la lógica y de la razón. Y la Justicia está de por medio. Las consecuencias, esta vez sí, pueden ser demoledoras. La ineptitud y la inconsciencia ante la Justicia no son excusa de nada. La ley es igual para todos, y el desconocimiento de ella no exime de su cumplimiento.

Pero esto es Gáldar. Un municipio donde el día 5 de enero recibimos a los Reyes Magos en helicóptero cuando no tenemos para pagar a los trabajadores municipales su salario desde septiembre, el principal sustento de sus familias. Un pueblo donde mantenemos una empresa del Ayuntamiento con un capital de más de 6 millones de euros para promover vivienda que nadie compra en plena crisis inmobiliaria, con 2,5 millones de viviendas vacías en todo el país, y con un gerente con sueldos estratosféricos, como estratosféricos fueron los 2,5 millones de euros gastados en sueldos de alcalde, concejales y cargos de confianza en la pasada legislatura, de los 9 concejales liberados de esta, y de los cargos de confianza encubiertos que sufren nuestros bolsillos. Un pueblo donde nos gastamos en fiestas miles de euros, mientras no tenemos ni para tener un servicio de recogida de basuras digno. ¿Las prioridades? Mal marcadas. ¿Los principios? Mal definidos. ¿Las políticas? Mal gestionadas. ¿Los dineros? Directamente derrochados. ¿El alcalde? Teodoro Sosa Monzón. Un nombre y un hombre que pasará a la historia de nuestro pueblo como el alcalde capaz de tropezar dos veces con el mismo ERE. Por no hacer en dos legislaturas otra cosa más que intentar despedir y poner en la calle a medio Ayuntamiento. Y así de triste será su currículum cuando deje la alcaldía. Habrán pasado 8 años y la única huella que habrá dejado será la de su mala gestión, su prepotencia y su absoluta falta de capacidad de diálogo y de gestión.